EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MENDOZA: HISTORIA DE ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

Nuestra provincia nacida de pautas culturales que dieron lugar a un estilo propio de crecimiento y desarrollo; generó un sello que caracterizó a los mendocinos como hombres de trabajo que dominaron los flagelos ambientales. Sin embargo en los últimos tiempos se viene detectando lentamente un abandono a dicha tradición, que se manifiesta en vanos intentos para retomar el orden y equidad territorial.

Esta provincia dominada por un ambiente árido con escasos recursos hídricos y edáficos, vientos secos y desecantes, aluviones, vulcanismo y sismicidad; ha sido sin embargo el soporte físico de importantes actividades productivas y concentración poblacional, que la convierten en el estado más importante del oeste argentino.

A fines del siglo 19 y principios del 20 se produjeron importantes condicionantes políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales que influyeron en la retracción del modelo agrícola-ganadero extensivo de ese entonces, que nos convertían en lugar de paso a entre la pampa húmeda y Chile. Entre estos se destacan la prohibición de venta de ganado en pie a países limítrofes, la presión de los frigoríficos ingleses, la afectación de las cenizas del Volcán Descabezado sobre los pastizales naturales y sobre todo la crisis mundial de 1930 que dieron lugar al abandono de dicha actividad. Cabe mencionar en esta época los graves problemas producidos por epidemias de viruela, cólera y difteria por falta de fuentes seguras y confiables de agua que se traducían en un crecimiento de la tasa de mortalidad cada vez mayor y de un uso inadecuado del riego, lo que dio lugar a la contratación del Dr. Emilio Coni y del Ingeniero Cesar Cipolletti reconocidas figuras que posibilitaron revertir esa situación.

Mendoza deja de ser el sitio de paso para engorde de ganado con pastizales bajo riego y comienza a implementarse y expandirse el modelo agro-industrial vitivinícola como proyecto político de la generación del 80. Este, es potenciado por la consolidación de la conquista del desierto, la llegada del ferrocarril, la fuerte inmigración europea con tradición vitícola, el crecimiento de la superficie implantada por vides y frutales, las colonias de poblamiento promocionadas por el gobierno y por sobre todo la sanción de nuestra a Ley de Aguas. En este contexto se produce la integración de la economía provincial al resto del país y se perfila el modelo agroexportador característico de la región, siendo Mendoza la principal metrópolis productiva.

Con posterioridad se va produciendo un fuerte proceso urbano-industrial con alta concentración de capitales e inversiones; convirtiéndose Mendoza en un importante proveedor Agro-Industrial afectado e influenciada por los conflictos bélicos mundiales y crisis económicas  y sociales del siglo 20.

En todas las etapas mencionadas el territorio fue afectado en mayor o menor medida por la presión de usos sobre el suelo, no solamente en las áreas directamente involucradas sino también las áreas periféricas, por ampliación del oasis o ciudad sobre el desierto, que a expensas del crecimiento desordenado afectaron aún más las áreas periféricas de secano. En este proceso es imposible separar el agua del desarrollo y ordenamiento territorial, sin embargo vemos la escasa valoración del recurso hídrico, más considerando que se trata del recurso natural más importante de la región por su impronta como eje productivo. En la provincia los oasis bajo riego ocupan sólo el 3,4% de la superficie total y en ellos se concentra el 91 % de la actividad económica y humana. El Oasis Norte es el más importante y está formado por las cuencas de los Ríos Mendoza y Tunuyán Inferior. Mendoza es la provincia con mayor superficie irrigada del país (360.000 hectáreas), lo que representa el 25% del total nacional (Reta, 2001). La oferta promedio mundial de agua no salina es de 7.400 m3 anual por habitante, la cual está distribuida geográficamente en forma muy heterogénea. En el caso de Mendoza, la disponibilidad hídrica por habitante se reduce a la mitad del promedio mundial, y es más grave en el área del Río Mendoza, con una disponibilidad de 1.600 m3/habitante/año, inferior al nivel considerado crítico de 1.700 m3/habitante. Existe un marcado déficit estacional durante los meses primaverales en que la demanda es superior a la oferta. Para el año 2.020, la escasez se acentuará con el crecimiento poblacional, contando esa área con 1.150 m3/año/habitante (Departamento General de Irrigación, 1999). En tanto hay una alta tasa de crecimiento urbano en las zonas productivas de la provincia, siendo más acentuada en la Cuenca del Río Mendoza (3,3% anual) y con  importantes consumos. En el año hidrológico 2004-2005 una hectárea de terreno con derecho de riego en el Río Mendoza consumió anualmente 11.046 m3 (Montagna, 2006) contra 37.800 m3 de la una hectárea urbanizada, considerando en ambos casos las ineficiencias de conducción existentes. Bajo esta perspectiva será muy difícil la supervivencia del modelo de desarrollo provincial, sin una clara concepción política y técnica del ordenamiento territorial que permita el uso adecuado y consensuado de los recursos en un esquema prospectivo de la Mendoza que queremos. Para este desafío se necesita consenso entre los distintos sectores pero subordinados a la adecuada valoración del agua y de sus organizaciones de usuarios, que han permitido bajo un modelo alternativo al estatal o privado, la administración del agua sin afectación de intereses partidarios o particulares. Será imposible entonces pretender que el desarrollo se logrará sin dejar mezquindades de administraciones de turno, que trasciendan los tiempos políticos, es decir que ese “ordenamiento” debe estar incluido en un esquema superador y volver a la cultura del trabajo, a la cultura del agua y a esa movilidad social que permitió a la mayoría de la población acceder a los bienes privados y disfrutar de las inversiones públicas, equipamientos y servicios.

No obstante a la fecha quedan varios conflictos territoriales que resolver como es el desarrollo de la minería sin afectación del agua, la contaminación hídrica ya sea en los cursos de agua o acuíferos, el aprovechamiento conjunto del agua subterránea y superficial, la afectación de los suelos por su mal manejo, los efectos aluvionales y las necesarias obras de control y corrección hidrológica, la falta de inversiones y modernización de los regadíos, el tratamiento del agua potable, el acceso al agua en calidad y cantidad a la población ubicada fuera del oasis, el control territorial y de usos en áreas sin aptitud, entre otros.

Entendamos al Ordenamiento Territorial como un sistema decisional integrado para mejorar esa relación espacio-sociedad, en el que deben intervenir agentes públicos y privados para cumplimentar con objetivos y metas a distintos plazos e implementando instrumentos de ejecución estratégicos . En este paradigma se considera a la obra pública direccionalizada en infraestructura hídrica como uno de los motores que permitirá el despegue de las inversiones y posibilitará mejorar la oferta hídrica al aumentar la eficiencia global del sistema. Con ella y el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios como verdaderas representantes del sistema administrativo y la realización del postergado balance hídrico de las cuencas hidrológicas el ordenamiento del territorio será posible.

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